Querétaro, Qro, 19 de agosto de 2025.- La reciente medida anunciada por el gobernador Mauricio Kuri, que prohíbe la reproducción de música que haga apología del crimen en espacios públicos del estado, ha generado reacciones entre los profesionales del sector del entretenimiento, particularmente entre promotores de eventos, quienes consideran que la decisión, aunque simbólica, no atiende los problemas estructurales de fondo.
La iniciativa fue presentada como parte de una estrategia para desalentar la violencia y el narcocultivo cultural, e incluye la restricción de este tipo de contenido en ferias, plazas, palenques, estadios y centros de espectáculos, con sanciones administrativas para quienes incumplan.
En entrevista para ADN Informativo Querétaro y Sociales 3.0, un promotor de eventos en Querétaro, quien prefirió mantener el anonimato, expresó su preocupación por las posibles consecuencias económicas y sociales que puede acarrear esta medida. En su opinión, la prohibición puede representar un gesto de sensibilidad política, pero no resuelve los verdaderos problemas que enfrenta el estado.
“Censurar la música es una respuesta superficial a problemas mucho más estructurales: la ausencia de seguridad, la desigualdad y la impunidad siguen presentes”, señaló.
El promotor también subrayó que el gobierno estatal debería enfocarse en implementar medidas de seguridad eficaces, en lugar de limitar expresiones culturales. Señaló que tanto promotores como artistas y trabajadores del sector a nivel nacional enfrentan amenazas, extorsiones y cobros de piso, sin importar el género musical que se promueva.
Además, advirtió que la medida podría tener un impacto económico inmediato: menos boletos vendidos, menor contratación de personal técnico y artístico, así como una disminución en la derrama económica generada por eventos masivos.
“Querétaro corre el riesgo de dejar de ser una plaza rentable para artistas de este género, lo que trasladaría la derrama económica hacia otras ciudades”, concluyó.
Hasta ahora, las autoridades estatales han reiterado que la intención de la medida es proteger a las familias y fomentar entornos públicos más seguros, aunque el debate sobre libertad artística y las implicaciones económicas sigue abierto.
Marilú Meza / Sociales 3.0
