En el año en que todo comienza a estar dispuesto para la celebración del Jubileo de Platino de Isabel II, que conmemora sus siete décadas de reinado, el Palacio de Buckingham ha cortado por lo sano con el príncipe Andrés (Londres, 61 años), para evitar que su juicio por abuso sexual a una menor contamine la imagen de la familia real. “Con la aprobación y consentimiento de la reina, los títulos militares y los patronatos reales que posee el duque de York serán devueltos a la reina. El duque de York seguirá sin asumir tareas de representación pública y defenderá su caso [ante los tribunales estadounidenses] como un ciudadano privado”, dice un escueto comunicado de Buckingham.
En 2019, después de una desastrosa entrevista con la BBC en la que quiso intentar desvincularse de todas las fechorías de su amigo Jeffrey Epstein, el millonario pedófilo estadounidense, la reina decidió ya alejar de las tareas públicas a Andrés. Desde entonces, el duque se ha mantenido en un discreto segundo plano. Retenía, sin embargo, sus títulos honoríficos de pertenencia a ocho regimientos británicos, incluido el de la Guardia de Granaderos. El duque llegó a ser calificado por la prensa británica como “héroe de las Malvinas” por su participación, como piloto de helicóptero, en el conflicto que enfrentó al Reino Unido con Argentina.
Varios militares de alta graduación habían exigido en los últimos días que Andrés fuera despojado de sus títulos, para preservar el buen nombre de los distintos cuerpos. Hasta 152 veteranos habían publicado este mismo jueves una carta abierta a la reina en la que pedían que se adoptara la solución que finalmente se ha anunciado. “Le solicitamos que adopte medidas inmediatas para despojar al príncipe Andrés de todos sus rangos militares y títulos, y, si resulta necesario, que sea despedido con deshonor”, reclamaba un texto de extrema dureza, dirigido a la persona que ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. “Si se tratara de otro oficial militar, resultaría inconcebible que a estas alturas siguiera en su puesto”, afirmaban en la carta.
Tribunales
El príncipe Andrés deberá ahora someterse a los tribunales estadounidenses, en el caso que le enfrenta a Virginia Giuffre. La mujer acusa al hijo de Isabel II de haber abusado de ella hasta en tres ocasiones cuando era una menor de 17 años. Fueron Epstein y su novia, cómplice y amiga del duque de York, Ghislaine Maxwell (París, 60 años), quienes, según la acusación, organizaron los tres encuentros en Londres, Nueva York y una isla privada que el financiero estadounidense tenía en el Caribe. Maxwell, hija del todopoderoso magnate de la prensa británica Robert Maxwell, fue declarada culpable de cinco delitos de tráfico sexual de menores y perjurio por un jurado popular de Manhattan el pasado 29 de diciembre. Fue ella, quien mantenía una estrecha amistad con Andrés de su época universitaria, quien puso en contacto al millonario y al duque. Hasta en dos ocasiones se dejaron ver Epstein y Maxwell en dependencias de la casa real británica, invitados por Andrés. Acudieron a una cacería en el castillo de Balmoral, y a una ceremonia oficial en Windsor. Maxwell se enfrenta a una condena de prisión que podría alcanzar los 65 años.
El juez Lewis Kaplan decidió esta semana rechazar el último intento del equipo jurídico del príncipe para que la demanda por abusos sexuales presentada en su contra fuera sobreseída. Los abogados del que siempre ha sido considerado el hijo favorito de Isabel II se aferraron a un acuerdo extrajudicial firmado en 2009 por Epstein y Giuffre, en el que acordaban salvaguardar de futuras demandas a otros “potenciales acusados”. La mujer ―que hoy tiene 38 años, está casada y reside en Australia― recibió una compensación de medio millón de dólares. El magistrado expresó abiertamente sus reservas, durante la vista previa para dilucidar este asunto, de que dicha cláusula pudiera amparar al príncipe Andrés. Y en cualquier caso, aclaró, el único que podría haber explicado la finalidad de esas reservas era el propio Epstein, quien se suicidó en una celda policial en agosto de 2019, cuando tenía ya 66 años y estaba pendiente de un proceso judicial por delitos sexuales contra menores.
La reina, y sobre todo las dos personas más preocupadas en estos momentos por preservar el futuro de la monarquía británica ―el heredero Carlos de Inglaterra, y el segundo en la línea de sucesión, su hijo Guillermo― han puesto cada vez más distancia con Andrés. Todo se ha acelerado en las últimas semanas, cuando ha quedado claro que deberá enfrentar los tribunales estadounidenses por un asunto de extrema sensibilidad. La muerte de Epstein y la condena de Maxwell han eliminado cualquier dique de contención que pudiera proteger a Andrés, quien aparece ahora como la última pieza a abatir.
Giuffre es una más de las 30 mujeres que alzaron la voz para denunciar la red de “esclavas sexuales” que Epstein y Maxwell controlaban, para disfrute del primero, pero también de sus amigos y relaciones. El abogado que representa a la mujer es David Boies, quien logró por primera vez, en representación del Gobierno estadunidense, condenar a la todopoderosa Microsoft de Bill Gates por un caso de competencia desleal y monopolio. Fue también Boies el hombre al que acudió Al Gore, exvicepresidente de EEUU, para intentar defender su victoria en unas elecciones presidenciales, en el año 2000, que le acabó arrebatando el republicano George W. Bush. Boies es un lince para los pequeños detalles de cada caso, y pretende cuestionar hasta las afirmaciones más frívolas que haya pronunciado Andrés, si le sirven para impulsar su caso. Como por ejemplo, la excusa que dio en la ya infame entrevista a la BBC para negar que hubiera bailado nunca con Giuffre en el londinense club Tramp. La mujer recordó, en sus propias declaraciones a la cadena pública británica y ante los tribunales, que Andrés sudaba a chorros en medio de la pista de baile. El hijo de Isabel II explicó a la periodista Emily Maitlis, en noviembre de 2019, que sus horas de combate en la Guerra de las Malvinas, bajo fuego enemigo, provocaron un exceso de adrenalina que frenó en seco su sudoración. El equipo jurídico de Boies quiere incluso un examen médico del acusado para comprobar esa excusa.
El Palacio de Buckingham ha dejado claro definitivamente que no quiere saber nada de un proceso que amenaza con resultar más turbio cada día que pase. Por eso la mención especial, en el comunicado, a que Andrés se defenderá “a título de ciudadano privado”. El hijo de la reina ha vendido el chalet que posee en los Alpes suizos, valorado en casi veinte millones de euros, para hacer frente a los previsibles costes de su batalla judicial. La reina, según aseguran varios medios británicos, ha expresado su rotundo rechazo a contribuir con una sola libra a la defensa de Andrés. Y el entorno del duque de York no descarta que también él acabe negociando su propio acuerdo extrajudicial con Giuffre, una práctica habitual en los litigios estadounidenses, que la prensa británica y de todo el mundo interpretaría como una admisión de culpabilidad. Lo que menos necesita la Casa de Windsor en el momento en que aspira a celebrar setenta años de estabilidad monárquica.
*Con información de El País
